Pluma de Quetzal

septiembre 3, 2009

Propuesta del PRI para emergencia económica

Filed under: México — Zorro Estepario @ 2:28 am

David Penchyna y Óscar Levín Coppel presentaron el proyecto del PRI.

David Penchyna y Óscar Levín Coppel presentaron el proyecto del PRI.

Para enfrentar la emergencia e impulsar el crecimiento económico, el empleo y combatir la pobreza

La exigencia ciudadana es incuestionable: urge que el gobierno promueva ya la reactivación de la economía y proteja el empleo.
Para enfrentar con eficacia la peor crisis económica que México ha sufrido en décadas, que hoy nos sitúa como el país más afectado del mundo con excepción de Estonia, Lituania e Islandia, presentamos un grupo de propuestas.
El actual modelo económico está agotado. Hay que recuperar, sobre nuevas bases, el empleo y el crecimiento en el corto plazo; y crear las condiciones para un desarrollo sostenido, equitativo y competitivo en el mediano plazo.
Al iniciar la LXI legislatura, los diputados del PRI sostenemos nuestro compromiso de ser oposición responsable, decidida a propiciar soluciones y construir acuerdos por el bien supremo de México.
Esta es nuestra propuesta.
Para la reactivación inmediata del empleo y la economía
Incentivos fiscales para las empresas que generen nuevos empleos en los próximos 18 meses y para capitales que participen en inversión productiva.
Programas de utilización intensiva de mano de obra temporal en el campo y en las zonas urbanas marginadas.
Apoyo a PYME’s, con capital de trabajo y refinanciamiento de deudas a corto plazo, a través de la Banca de Desarrollo.
Un Programa Nacional de Becas que ayude a los jóvenes a incorporarse al mercado laboral calificado.
Mecanismos para agilizar el Gasto Público, vigilando que su ejecución sea eficaz y transparente.
Aprovechar recursos de las Afores en la creación de infraestructura con un alto impacto social.
Alentar la repatriación de capitales, con un fideicomiso compartido de riesgos cambiarios en el Banco de México.
Fomento a la vivienda social ampliando y simplificando los programas.
Estímulos fiscales a inversiones en la industria automotriz, y exención de IVA en vehículos compactos, subcompactos y de carga hasta de 4.5 toneladas.
Promover agricultura por contrato, consolidar las compras para los productores de bajos ingresos y simplificar las reglas de operación de programas federales.
Un fondo especial para hacer frente a las enfermedades contagiosas y las contingencias epidemiológicas.
Política Industrial y Energética.
Promoveremos medidas para impulsar una política industrial basada en nuestras ventajas comparativas, impulsando la reconversión tecnológica de industrias prioritarias, y el rescate de las cadenas productivas, para fortalecer el mercado interno.
Revisaremos y evaluaremos el esquema tarifario para los energéticos, especialmente el eléctrico.
Promoveremos mayor competencia, reformando la legislación para evitar prácticas monopólicas y colusión, agilizando la desregulación administrativa. Así como fortalecer los derechos de los consumidores.
Vincular el gasto en educación, capacitación, ciencia y tecnología con la productividad, así como el fortalecimiento de la relación universidad-empresa.
Impulsaremos la explotación del gas asociado al carbón, energía que hoy se arroja al ambiente y expone la vida de los mineros.
Un sistema aduanero más efectivo que evite la competencia desleal para los empresarios mexicanos.
Evaluaremos la aplicación y los resultados de la reforma energética, y haremos lo necesario para mejorar a Pemex, sin privatizaciones.
Desarrollar energías alternativas y biocombustibles sin afectar la seguridad alimentaria.
Promoveremos el consumo de los productos hechos en México.
Medidas para fortalecer las Finanzas Públicas.
Incorporaremos en la legislación el concepto de “Balance Presupuestal Estructural”, con el fin de facilitar la aplicación oportuna de políticas anticíclicas.
Disminuir la dependencia a los hidrocarburos, reformando la política fiscal, combatiendo la elusión-evasión, y asegurar la proporcionalidad y equidad tributaria.
Exigiremos al Ejecutivo mayor eficiencia del SAT.
Revisar el presupuesto de gastos fiscales para identificar áreas de oportunidad que incrementen los recursos tributarios. Los gastos fiscales en ISR equivalen a 1.7% del PIB; los de IVA en alimentos y medicinas, únicamente el 0.8% del PIB.
No al IVA en alimentos y medicinas.
Evaluar la conveniencia de mantener la dualidad del IETU y el ISR.
Revisaremos la legislación para asegurar que los subejercicios se reasignen específicamente a proyectos de inversión en el siguiente ejercicio fiscal.
Eliminar programas ineficientes.
Revisar el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo, exentando del pago a los que presenten su Cédula Fiscal.
Presupuesto para estudios y proyectos ejecutivos.
Legislación específica para asociaciones público-privadas que dé certidumbre a los agentes económicos.
Revisar los conceptos considerados irreductibles o comprometidos, para aumentar el margen de acción del gasto.
Compactación de la administración pública, transfiriendo funciones a dependencias afines con el propósito de reducir la alta burocracia.
Un programa de austeridad, y programas de transparencia en los tres poderes federales, organismos autónomos y congresos locales.
Legislación para establecer responsabilidades administrativas y penales por el indebido ejercicio de recursos públicos.
Fortalecer a las Comisiones del Poder Legislativo para vigilar y evaluar el correcto ejercicio de los recursos.
Federalismo Fiscal
Suspensión temporal del “pari passum” a cargo de los gobiernos locales.
Reglas generales que simplifiquen y aceleren los programas de gasto público federal en las entidades federativas, y descentralización de la obra pública.
Revisar la distribución de las participaciones federales e incluir las coberturas petroleras.
Un fondo de aportaciones federales complementario al FAEB, para compensar rezagos históricos en educación.
Dar certidumbre al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.
Eliminar delegaciones de las dependencias federales que dupliquen labores que realizan los estados y municipios.
Ampliar facultades tributarias de los estados y municipios para incrementar sus ingresos.
Fondo para fortalecer catastros y la capacidad recaudatoria municipal en agua y predial.
Certidumbre al pago de las dependencias federales de los impuestos locales, y medidas compensatorias para el pago del ISR de los trabajadores transferidos del gobierno federal a estados y municipios.
Mayores facultades a la Auditoria Superior de la Federación para fiscalizar la aplicación de recursos federales por parte de estados y municipios.
Política Social: combate a la pobreza y la desigualdad.
Cobertura universal en salud y educación.
Seguro para quien haya perdido su empleo formal, y atención prioritaria a indígenas y grupos vulnerables.
Un sistema nacional de compras consolidadas de medicamentos para abaratar su costo a la población. Asimismo, considerar el surtimiento oportuno a los centros y clínicas públicas.
Impulsaremos el federalismo de la política social.
Mecanismos que permitan la transparencia de los programas sociales y del padrón de beneficiarios.
Evaluación objetiva y eficaz del Coneval, considerando otorgarle autonomía.
Apoyo a la participación ciudadana a través del monitoreo y mecanismos de contraloría social, para la ejecución y evaluación de los programas.
Desarrollo Rural.
Fortalecer cadenas productivas del sector rural, ligando a la pequeña y mediana empresa con mercados internos y externos, y aprovechando tecnologías probadas.
Más inversión en dotación de agua, maquinaria y equipo, y centros de acopio.
Fortalecimiento del programa especial concurrente del campo.
Reglas de operación congruentes con el espíritu de los programas.
Ampliar los programas para la pesca y acuacultura, otorgándole la jerarquía administrativa que su importancia económica merece.
Exhortar al Ejecutivo a hacer uso de las reservas y  mecanismos del TLCAN y otros tratados para proteger a los sectores afectados, en particular, a los productores  agropecuarios.
Administración de permisos de importación, e integración de una reserva estratégica de granos y alimentos básicos.
Programas para la generación de empleos que arraiguen a la gente en sus comunidades.
Mecanismos para defender los derechos de los trabajadores migratorios.
Impulsaremos los vínculos entre productores rurales y empresarios.
Regulación del Sistema Financiero.
Más facultades al Banco de México y a la SHCP para regular eficazmente el funcionamiento del sector financiero.
Mecanismos que induzcan a la banca comercial a financiar al sector productivo.
Más competencia entre bancos para abaratar créditos.
Entrada de nuevos intermediarios financieros y promoción de la propiedad mexicana de la banca, mediante mecanismos que favorezcan la participación de un gran número de inversionistas en el capital social de las instituciones, especialmente en Banamex.
Obligatoriedad legal de que los bancos establecidos en México coticen en la Bolsa Mexicana de Valores.
Mecanismos para reducir la brecha entre las tasas pasivas y activas de interés y las comisiones excesivas del sector financiero, para incentivar el abaratamiento del crédito y su canalización preferente a actividades productivas.
Legislaremos para fortalecer y sectorizar la Banca de Desarrollo con objeto de promover la atención a los sectores productivos, realizar operaciones de primer piso, propiciar su capitalización, concentrar fondos dispersos en dependencias públicas, y participar en los mercados financieros. La Banca de Desarrollo se articularía en 4 instituciones: Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y Banca de Fomento Rural.
Compromiso General
Los legisladores priistas actuaremos como una oposición responsable y constructiva. Las propuestas que aquí se presentan habrán de enriquecerse en el diálogo con el resto de las fuerzas políticas y, especialmente, escuchando a la sociedad entera. Con esta finalidad, el PRI promoverá el establecimiento de comisiones especiales para los temas relacionados con el crecimiento económico, el empleo y el combate a la pobreza, con el objeto de lograr la participación de la sociedad y llegar a los consensos sociales necesarios, para superar la peor crisis económica que México ha enfrentado en décadas.

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